Acabar con la impunidad de los asesinos franquistas

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   El franquismo continúa respaldado por el Tribunal Supremo, treinta y cinco años después de la muerte del dictador. Los herederos de aquellos asesinos de camisa azul que acabaron con la vida de decenas de miles de republicanos, en las cunetas de las carreteras y en las tapias de los cementerios de casi todos los pueblos de España, han conseguido poner contra las cuerdas al juez Baltasar Garzón, que, de forma insólita, se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha para esclarecer el genocidio que comenzó el 18 de julio de 1936.
  Muy legítimamente, hay quien no puede olvidar las actuaciones del juez estrella cuando era el más fiel ariete del rodillo “antiterrorista” PP-PSOE, que ha provocado infinidad de “daños colaterales”. Como recuerda aquí Rafael Gómez Parra, en su excelente artículo, a Garzón, la Audiencia Nacional le ha permitido todo cuando se trataba de perseguir al llamado “entorno” de ETA –cierre del periódico Egin, aceptación de confesiones ante la policía sin más pruebas que las aportadas en los interrogatorios o prefabricadas para cada caso, aplicación de ilegalidades a organizaciones nacionalistas cuando no existía todavía la Ley de Partidos, imputaciones exageradas a dirigentes políticos extraparlamentarios... Siempre con el aplauso unánime de los dos partidos políticos mayoritarios.
  Pero el consenso del bipartidismo corrupto que se ha instalado aquí empieza a romperse cuando uno de los dos elementos que los sustentan y se benefician de él considera que determinada actuación judicial le perjudica. Como es el “Caso Gürtel”. Si hay que apoyar ahora a Garzón frente a los ultraderechistas que han arremetido contra sus actuaciones en el tema de la memoria histórica no es por él, desde luego, sino para frenar al neofascismo, cada vez más envalentonado en la calle y espoleado por numerosos medios de comunicación.
  Enarbolar una bandera republicana en la que alguien ha escrito “Viva Garzón”, como hicieron algunos asistentes a un acto de apoyo al magistrado, es disparatado; resulta más comprensible la actitud de comprometidos militantes antifascistas a quienes les resulta muy duro apoyar a un personaje como el superjuez, que, con todo su historial anterior, va a pasar a la historia con la aureola de gran justiciero. Pero ahora es lo que toca. Hay que dar la vuelta a la situación y convertir la ofensiva contra la estrella mediática en un referéndum mundial de condena al franquismo.
  franco-cardenal-pla.jpgTambién hay que recordar que el otro extremo de la pinza judicial contra Garzón lo integran magistrados vinculados al PSOE, como el propio Luciano Varela, su declarado enemigo personal, o Margarita Robles, que tuvo altas responsabilidades políticas en los gobiernos de Felipe González empeñados en ocultar el origen de los GAL.
Por su parte, el Ejecutivo de Zapatero ha pretendido liquidar el tema de la Memoria Histórica con una ley que no resuelve mínimamente las reivindicaciones de las víctimas del franquismo. Continúa pendiente la ruptura democrática que nunca se produjo, atropellada por la gran estafa de una Transición que nos dejó al rey de Franco en el trono, unas fuerzas policiales a las que continuaron perteneciendo todos los torturadores del antiguo régimen y una judicatura plagada de elementos de extrema derecha.
Estos días celebramos el 79 aniversario del advenimiento de la Segunda República -y en nuestro periódico dedicamos un amplio espacio al 14 de Abril-, que abrió las puertas a una transformación progresista de la sociedad como nunca antes se había experimentado en nuestra historia. Hoy, en el marco de la lucha por la Tercera República se da la posibilidad de agrupar fuerzas para impulsar la imprescindible Segunda Transición pendiente.
El caso Garzón también permite hacer otra evidente lectura: si un magistrado que ha tenido tanto poder como él se encuentra ahora acorralado, ¿qué puede esperar un ciudadano anónimo de este sistema judicial sometido estrictamente a directrices políticas. Dentro tan turbio panorama, podemos celebrar, excepcionalmente, una sentencia razonable, la que exculpa de cualquier cargo a los imputados en el caso Egunkaria. La Audiencia Nacional ha reconocido ahora, siete años después de su cierre, que el juez Juan del Olmo nunca debió clausurarlo, porque ni existe norma constitucional que avale esa actuación, ni hay ninguna prueba de que apoyase o financiase a ETA. La sentencia considera “incompresible” lo ocurrido. La Sección Primera de lo Penal desautoriza así la actuación de la Guardia Civil y del juez instructor. ¿Y ahora qué?: recordemos que los acusados de colaboración con banda armada que ahora han resultado absueltos sufrieron malos tratos durante su detención y que el periódico ha desaparecido.