El Otro País de este mundo

Delincuencia financiera y un gobierno al servicio de la mafia bancaria

Rafael Gómez Parra

  Las ayudas a la banca suponen el 14% de la producción estatal. “Indignados” y expertos economistas piden una banca pública para controlar a los tiburones financieros. “Políticos y banqueros roban nuestros sueños”, decía una de las pancartas que los jóvenes “indignados” blandían en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Y otra le contestaba: “Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”. Y una de las iniciativas tomadas en las asambleas de barrio ha sido acudir a todos los lanzamientos judiciales de las familias que no pueden pagar sus hipotecas y que son expulsadas por la fuerza. Cada vez se abre con más fuerza la idea de que el Estado necesita de un banco público para controlar un poco el salvajismo del mercado capitalista.
   Una de las mejores aportaciones del espíritu del 15 M ha sido precisamente recuperar –aunque sea en clave poética- el valor de la verdad a secas, la verdad más ingenua, si se quiere, frente a las grandes mentiras de una clase política que a las primeras dificultades de la crisis económica se han rendido a los pies de los culpables de la debacle: los banqueros y los brokers financieros de las grandes bolsas, los creadores de la burbuja financiera que ha hecho “bluf” y que debería haberse resuelto metiendo en la cárcel a todos sus causantes.
  Salvo los casos de “Bernie” Madoff, condenado a 150 años en Estados Unidos por estafar 50.000 euros, y los de Islandia donde van a juzgar a su ex presidente Geir H. Haarde, y al ex responsable del Kaupthing Bank, Hreidar Mar Sigurdsson, ningún Gobierno europeo ha tomado la decisión de procesar a los verdaderos culpables de la crisis. Por el contrario, dirigentes como Zapatero han decidido ponerse a sus órdenes e ir a su rescate como si Peter Pan hubiera corrido a salvar al capitán Garfio en vez de a su amada Wendy y los sindicatos de “Campanilla” se hubieran prestado a ello.
  En pleno triunfo del liberalismo más salvaje, cuando alguien hablaba o escribía sobre los excesos de los banqueros o sobre la burbuja inmobiliaria que hacia ricos de la noche a la mañana, era tachado de “loco” o de aguafiestas. El pensamiento único capitalista no permitía ni la más leve crítica, pero una vez estallada la crisis, los banqueros han hecho valer su poder sobre los políticos para que nadie se atreva e poner en duda el sistema. “Sin bancos no hay economía posible ni futuro”, parece ser el eslogan en el que están de acuerdo desde la ultracapitalista Esperanza Aguirre hasta el socialdemócrata gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
  El plan de la gran banca fue perfecto: primero consiguieron que el Gobierno de José María Aznar (PP) liberase el suelo, de tal manera que cualquier solar podía ser urbanizado a partir de ese momento. Luego se dedicaron a comprar suelo rústico a bajo precio y a conseguir que los políticos (PP, PSOE, CiU, PNV e IU), que controlaban los Planes de Ordenación Urbana de los municipios los recalificaran a urbanizables, vendiéndolos por millones de veces más que su valor. Y finalmente otorgaban hipotecas a los promotores para construir miles de casas- 700.000 por año en toda España- que les reportaban miles de millones de intereses (por una casa que vale 200.000 euros, su comprador paga más de del doble en 25 años) y además se aseguraban con el cambio del Código Civil (artículo 1.911) que los que no puedan pagar la hipoteca respondan no solamente con la vivienda sino con todos sus bienes, presentes y futuros, del total de la deuda.
  El Estado español ha puesto a disposición de los bancos más de 180.000 millones de euros, el 14% de la producción nacional, para sanear sus finanzas particulares. Además estas entidades pueden seguir subiendo las retribuciones a sus Consejos de Administración, como premio a haber provocado la crisis. A eso que hay que sumar los casi 130.000 millones que el Banco Central Europeo ha entregado a los banqueros a interés cero para que éstos lo inviertan en letras del Tesoro, que dan una rentabilidad entre el 2% y el 3%, en vez de concedérselos a las pequeñas empresas y a los cooperativistas que quieren hacerse sus casas. Ni un solo euro que el Estado y el BCE han dado a los bancos ha llegado a los españoles. No se asusten, pero las cifras no engañan: los bancos se van a llevar, para salir de la crisis que ellos mismos han provocado, entre el 60 y el 70% de la producción nacional.
  Y falta lo peor –podrían añadir estos políticos-, porque si los bancos no recuperan sus pérdidas, si no les pagamos, acabarán lanzando una guerra mundial, que ha sido hasta ahora la solución que mejores resultados les ha dado en el siglo pasado: dos conflictos bélicos en Europa con más de 8 millones de muertos en la primera y más de 60 durante la segunda. De un plumazo, eliminaron el paro y los excedentes de producción no vendidos, además de crear un nuevo mercado inmobiliario para reconstruir los millones de viviendas destruidas.
  Afganistán, Irak y ahora Argelia juegan un factor fundamental en el mantenimiento boyante de la industria de la guerra (cada tomahawk que tiran los norteamericanos vale un millón de dólares) y la reconstrucción de lo destruido reporta grandes beneficios a empresas multinacionales, pero ni todo esto parece ser suficiente.
  La socialdemocracia, que se creció en la época de las vacas gordas repartiendo entre los ciudadanos las migajas que se caían de la mesa de los banqueros, a los que en algunos momentos llegaron a hablar de tú a tú, se han mostrado finalmente como unos lacayos temerosos de que los amos les quiten también a ellos la comida sobrante. Defienden así sus propios intereses y tratan de convencer a los pobres para que sigan llenando las arcas de los ricos. Por eso, el presidente del Santander, Emilio Botín, salió en defensa de Zapatero a principios de año pidiéndole (más bien ordenándole) que siguiera al frente de un Gobierno tan obediente a las consignas financieras.

LOS TABÚES QUE SE ROMPIERON EL 15-M
   La manifestación del 15 de mayo de 2011 pasará a la historia como uno de esos grandes acontecimientos que, sin tener un impacto directo y real –como Mayo de 1968- , quedará grabado en la mente de sus protagonistas y de los que los vivieron desde fuera.
El 15-M se rompieron varios e importantes tabúes de la política y de la economía española:

1.- Por primera vez, un grupo de ciudadanos mostraban su rechazo a una clase política vieja, anquilosada y que, cuando más se necesitaba, en una crisis, ha fallado estrepitosamente. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya lo venía avisando: que los políticos eran el tercer problema más grave para los españoles, después del paro y de la propia crisis. Incluían, además, una dura crítica al sistema electoral que premia el bipartidismos del PPSOE y a los privilegios más visibles: coches, salarios, pensiones…
Los ciudadanos ponían en cuestión la solución a la crisis que está aplicando el Gobierno de Zapatero, bendecido en cambio, a pesar de algunas dudas, por casi todos los políticos, los sindicatos y en general una clases dirigentes cada vez más separadas de la gente.

2. Los jóvenes “indignados” rompieron en gran parte la escalada policial que había venido destruyendo a los grupos de jóvenes activistas –calificados despectivamente como antisistema- que cada vez que salían a la calle para protestar pacíficamente por la aplicación del Plan Bolonia en la Universidad, para pedir una Vivienda Digna o para ocupar casas abandonadas, eran brutalmente perseguidos y apaleados, como prueba el hecho de que, a consecuencia de una acampada por la Vivienda en Madrid, se vayan sentar en el banquillo ahora seis detenidos a los que el fiscal pide seis años de cárcel, a los que hay que sumar jóvenes que han perdido un ojo en cargas policiales y otras lesiones de importancia, así como el hecho de que en la propia manifestación del 15-M hubiera 18 detenidos sin ninguna razón.
3.- Los manifestantes del 15-M han demostrado, además, que una acción popular que reúna la suficiente gente no acepta las recetas del “desalojen ya” que ha venido utilizando la policía de Rubalcaba durante los últimos años a base de golpes, como se ha visto también en Barcelona con los Mossos de Esquadra de Artur Mas, en el desalojo de la Plaza de Cataluña. De nada han valido tampoco los ataques de la ultra Esperanza Aguirre y de su cohorte mediática  (Intereconomía, Libertad Digital, etc)

4.- Punto fundamental fue lo sucedido entre el miércoles 18 de mayo y el domingo electoral del 22 de mayo, cuando los jóvenes “indignados” se negaron a aceptar la prohibición emanada de la Junta Electoral Central, avalada luego por el Tribunal Supremo, de mantener las acampadas en el día de reflexión electoral. Fue el momento clave en que los ciudadanos torcieron el brazo a un sistema judicial que ha demostrado con creces que ni es independiente ni es capaz de hacer una verdadera Justicia.

5.- A pesar de que los políticos han preferido no enterarse de nada de lo del 15-M, la realidad es que el espíritu de este movimiento ha conseguido, especialmente en Madrid, donde se ha fraguado, que el PSOE -también el PP-  haya perdido votos que en gran parte han ido a las papeletas en blanco o nulas y en otra parte a los partidos minoritarios, como UPyD e IU. Además, los grandes Ayuntamientos, como el de la capital madrileña, han tenido que rebajar sus 134 coches oficiales a 37.

DIEZ AÑOS DE SALARIO, PARA RESPONDER A LA DEUDA INSTITUCIONAL
  Cada trabajador en activo madrileño, valenciano o barcelonés tendrá que pagar entre 130.000 y 250.000 euros a la gran banca para saldar sus deudas. Estas cantidades, que en el caso de los vecinos de otras ciudades son algo menores, corresponden al pago de la deuda española (462.000 millones de euros), la deuda de la Comunidad Autónoma (en total 90.000 millones): Cataluña, 22.000 millones, Valencia, 14.000, Madrid, 12.000 millones; la de sus correspondiente Ayuntamientos (en toda España, 30.000 millones), Madrid (6.500 millones), Barcelona ( 1.300 millones), Valencia 900); a lo que hay que sumar los préstamos e hipotecas familiares, unos 100.000 euros de media.
  Como las familias no pueden pagar estas cantidades, que equivalen a más de 10 años de salario de una persona que cobre mil euros al mes, el Gobierno, siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, ha diseñado todo un plan para cobrarse la parte de la deuda institucional –unos 30.000 euros de media por trabajador en activo-, que consiste básicamente en reducir el pago de pensiones, aumentando la edad de jubilación y los años cotizados, en reducir los salarios de los funcionarios y en aumentar los impuestos. La deuda personal ya se encargan de cobrarla con creces los bancos, a través de las cláusulas impuestas en los contratos de las hipotecas, de tal manera que los que no puedan pagar sus viviendas pierdan el piso y, además, tengan que seguir pagando el resto de la deuda.
  El mismo año, octubre de 2008, en que Zapatero llevó al Congreso su famoso decreto ley de ayudas al sistema financiero, los consejos de administración y los directivos de los 14 principales bancos se habían subido el sueldo más de un 50 por ciento. Entre todos ellos, destaca el Banco de Santander, que va a por todas. La gestión de la crisis que ha hecho el banco cántabro y las oportunidades aprovechadas en estos meses de dificultades ha sido fuertemente recompensada con más de 48 millones de euros destinados a su consejo de administración y a los altos directivos. Los directivos del Santander se subieron los sueldos un 180% en 2008 respecto al año anterior. Los del Banesto, un 55%, los del Pastor, un 36% y así sucesivamente.
  Y aún así, se les concedieron 100.000 millones de euros en avales del Tesoro español para las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones del Estado en los mercados secundarios, a los que siguieron otros 100.000 millones al año siguiente, sin que siquiera el Gobierno les pidiera a los banqueros que se bajaran el sueldo, como hizo con los funcionarios en 2010.
  La segunda medida fue comprar a las entidades financieras activos en muchos casos de dudosa  rentabilidad. Todo ello, según explicó el presidente Zapatero, con el objetivo de que ese dinero fuera luego a parar, en forma de créditos a las empresas, y así impedir su cierre. Casi cuatro años después de la aplicación de ese decreto, ni un solo euro de los entregados a los bancos ha llegado a las pequeñas y medianas empresas, que han cerrado por cientos enviando al paro a cerca de cinco millones de personas.
  Otros países, como los propios Estados Unidos y Gran Bretaña, prefirieron quedarse con parte de los bancos en apuros, prácticamente los nacionalizaron, mientras que en España se seguía la línea más ultraliberal y procapitalista de todas, a pesar de las voces que reclamaban la creación de un banco público, incluidos algunos ex ministros socialistas que creían que el Estado se había “suicidado” privatizando entre 1994 y 1998 los bancos públicos (Hipotecario y Exterior), al quedarse sin un instrumento de control del sistema financiero.

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