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Fuera del papel

PLATAFORMA CIUDADANÍA 2012 ANTE EL BICENTENARIO

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   Los colectivos sociales y políticos que hemos formado la Plataforma Ciudadanía 2012 ante el Bicentenario queremos desvelar las insuficiencias, los errores y los engaños de esta conmemoración por parte de la Administración.

  No dejamos de reconocer cuánto significó aquella Constitución en el camino de ruptura con un régimen que concebía a las personas como súbditas y no como ciudadanos. El propósito que expresaba el artículo 13 de  que el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen, es una aspiración maravillosa e incumplida. Aspectos como la preeminencia de la ley, el derecho a la educación, la prohibición de la tortura, la manifestacion_contra_la_pepa.jpglibertad de prensa y de pensamiento,… dieron sus primeros pasos en aquella Constitución, convertida por ello en un hito para los derechos y la democracia. Fue desde luego un primer paso que debiera haber permitido a este país caminar hacia la ilustración y la modernidad. Un posible camino que fue rápidamente abortado por las fuerzas más reaccionarias de la España de entonces, encabezadas por la monarquía.
Por ello, es imprescindible señalar los límites que no supieron superar los constituyentes de 1812: el de la igualdad ausente (no fue capaz de acabar con la esclavitud, ni de reconocer derechos a las mujeres, a los indígenas o a los negros) y el de ruptura con el antiguo régimen de forma consecuente, en especial con el corsé impuesto por la Iglesia que tan  nefastas consecuencias tuvo en el devenir de la propia Constitución.

  Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es que los dirigentes políticos de hoy conviertan la conmemoración del bicentenario en una impresionante cortina de humo para intentar escamotear los muy graves problemas actuales que angustian a los españoles.

  Porque los muchos actos que van a tener lugar en Cádiz parece que servirán  para ensalzar pomposa y huecamente aquéllas formas políticas del viejo liberalismo con el objeto en buena medida de justificar hoy las poco democráticas maneras del nuevo capitalismo que ahora, en España y en tantos otros países del mundo, está arrasando con todo tipo de derechos ciudadanos. El nuevo constitucionalismo del Tratado de Lisboa y de la última reforma de la Constitución española representan una agresiva intentona de laminar derechos sociales y económicos básicos conquistados dolorosamente por la ciudadanía.

  Una crisis desatada por la avaricia del capitalismo especulativo está arrasando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se ponen en marcha todo tipo de recortes y políticas para salvaguardar a los poderosos, los bancos, las multinacionales, los  mercados. La preeminencia del Capital sobre el pueblo es más obscena que nunca. No importa el paro y la pobreza de miles de personas en España, no importa la precariedad y la falta de futuro para centenares de miles de jóvenes. El miedo y la angustia a perder el trabajo, a sufrir pérdidas salariales inaguantables, a no poder alcanzar en la vida un trabajo digno y, en definitiva, a ser arrojados a la exclusión social, son situaciones y amenazas que se ciernen sobre cada vez mayor número de personas. ¿Es este el genuino legado del constitucionalismo español?  Nos tememos que sí.

Pero no sólo el Estado del bienestar está siendo desmantelado. Es la propia democracia la que está siendo amputada y cuestionada. La calidad democrática en toda Europa queda así seriamente resquebrajada; los gobiernos y los pueblos son rehenes cautivos del capital financiero y especulativo. La Constitución de 1978 queda como discurso justificativo de todos estos recortes, aplicando sin titubear las normativas más restrictivas de derechos. Los fastos del bicentenario exhiben una reivindicación abstracta y apergaminada de las libertades, de poca utilidad para las necesidades de la ciudadanía.

¿Qué pretensiones reales tiene la conmemoración que criticamos?
Que nos despreocupemos del paro, del recorte de derechos, del desmantelamiento de los servicios públicos, de la pobreza creciente en nuestra sociedad.
Que se oculte la realidad de una zona fuertemente militarizada, en la que el escudo de misiles va a ser una de sus principales amenazas.
Que no activemos nuestra denuncia de los recortes democráticos, que hacen que la ciudadanía sea una convidada de piedra de las políticas públicas.
Que olvidemos que la cultura, la educación y la investigación son víctimas de la desinversión, de la manipulación y del menosprecio.
Que renunciemos a la denuncia de la apropiación indebida que la casta de los partidos políticos han hecho de la democracia.
Que aceptemos este nuevo despotismo supuestamente ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, que nos convierte de nuevo en súbditos
 en vez de ciudadanos.

Son razones más que suficientes para movilizar nuestra conciencia social. La Plataforma Ciudadanía 2012 ante el bicentenario, pretende remover conciencias, activar mecanismos democráticos y de participación ciudadana y denunciar unos eventos  que consideramos  están diseñados para el embellecimiento de lo que hoy no es mas que un enorme fábrica de exclusión y recorte de derechos.

Animamos y emplazamos a todas las personas golpeadas por la crisis y las amenazas de paro, exclusión y pobreza, a sumarse a todas las iniciativas pacíficas de denuncia y movilización  que durante este año vamos a protagonizar, para evitar que un horizonte de inseguridad y marginación se convierta en el única respuesta a los enormes desafíos a los que estamos enfrentados.

Cádiz, 12 de Febrero de MMXII

 

¿Por qué España tiene un desempleo tan elevado?

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¿Por qué España tiene un desempleo tan elevado?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 12 de marzo de 2012
Este artículo critica el argumento ampliamente promovido en los mayores fórums económicos y financieros españoles de que el elevado desempleo en España se debe a las rigideces del mercado de trabajo. El artículo documenta que el elevado desempleo en España se debe a la escasa producción de empleo, resultado, a su vez, del escaso desarrollo del sector público y muy en particular de los servicios públicos del Estado del Bienestar.


   Una característica de la economía española ha sido la existencia de un elevado desempleo. Tanto en momentos de bonanza, con elevadas tasas de crecimiento económico, como en momentos de recesión, el desempleo en España es mayor, y en ocasiones mucho mayor, que el promedio de los países de la Unión Europea (UE-15), el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico.
La interpretación que la sabiduría convencional da para explicar este hecho es que el mercado de trabajo español es demasiado rígido. Se repite constantemente en los medios de mayor difusión de sensibilidad neoliberal que los sindicatos han estado protegiendo los contratos fijos, que incluyen a los trabajadores que ya tienen trabajo –los famosos insiders- a costa de los que no tienen trabajo –los también famosos outsiders- que no pueden encontrar trabajo. Estos últimos, principalmente jóvenes y mujeres, tienen enormes dificultades para entrar en el mercado de trabajo, debido a que los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los que tienen contratos fijos. De ahí que la solución que proponen es que se anulen los contratos fijos (para conseguirlo hay que debilitar a los sindicatos) y, con ello, los jóvenes y las mujeres puedan también entrar en el mercado de trabajo.

  Este argumento ignora deliberadamente varios hechos. Si el número de puestos de trabajo existentes permanece constante, la eliminación de los contratos fijos sólo variará la composición de los trabajadores, puesto que los empresarios despedirán a los que eran fijos a fin de contratar a los jóvenes y mujeres, a los que pagarán unos salarios más bajos. Los padres serán despedidos para que sus hijos puedan encontrar trabajo a menor coste para la empresa. Esto es lo que desean las reformas laborales del gobierno PP: rebajas de salarios.

  Algunos economistas argumentan que los elevados costes del despido hacen que el empresario se lo piense dos veces antes de contratar a un nuevo trabajador porque éste quedará blindado y no podrá deshacerse de él o ella en caso de que necesite menos trabajadores, a consecuencia de que disminuyan sus necesidades de mano de obra. Este argumento parecería que tiene peso, pues tiene una cierta lógica. Pero, parece que los empresarios en España no han tenido tal dificultad. España fue durante muchos años (durante el periodo del boom económico estimulado por la burbuja inmobiliaria) el país de la UE-15 que tuvo mayor tasa de crecimiento de puestos de trabajo, para más tarde, durante la recesión, tener la tasa de destrucción de puestos de trabajo más elevada de la UE-15. La evidencia muestra que en España se crean y se destruyen puestos de trabajo muy fácilmente, negando por lo tanto la tesis de que el elevado desempleo se deba a la dificultad de despedir. En realidad, lo inverso es lo que está ocurriendo. Los países de la OCDE en los que el desempleo ha crecido más rápidamente durante la recesión han sido EE.UU. e Irlanda, que son los países que pueden despedir más fácilmente. España es el tercer país después de estos dos, con la tasa de destrucción de empleo y crecimiento de desempleo más elevada en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.

  Los datos muestran que España tiene una de las tasas de crecimiento del desempleo más altas y la tasa de desempleo más alta, no sólo de la UE-15, sino también de la OCDE. Las reformas laborales aumentarán el desempleo sin mejorar en nada la creación de empleo. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. Que ello sea así se debe a que no se está tocando el problema central: la escasa creación de puestos de trabajo. Si miran los datos verán ustedes que España es el país que tiene menos puestos de trabajo por 1.000 habitantes de la UE-15 (396), junto con Grecia (373) e Italia (380). Y donde se ve que hay un gran déficit es en el sector público. En España sólo un 9% de la población adulta trabaja en el sector público. El promedio de la UE-15 es un 15%, y en Suecia un 25%. Si en España tuviéramos las mismas tasas de empleo público que tiene Suecia, tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo (que es prácticamente el mismo número de desempleados que existen hoy en nuestro país). En contra de lo que se reproduce en la sabiduría convencional, España tiene un sector público poco desarrollado. El número de empleados en los servicios públicos del Estado del Bienestar está muy por debajo del promedio de la UE-15 y por debajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo que tenemos (ver Navarro, V. El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias. Ed. Anagrama, 2006).

  Este escaso desarrollo del empleo público explica también el bajo porcentaje de la población que trabaja en el mercado laboral, con clara discriminación de la mujer. Si se facilitara la integración de la mujer en el mercado de trabajo (mediante el desarrollo de la infraestructura de servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) habría en España 3 millones más de trabajadores, creando riqueza. Se calcula que por cada entrada de una mujer en el mercado de trabajo se crea la necesidad de crear 0.4 nuevos puestos de trabajo en los servicios de carácter personal que proveen las amas de casa (en limpieza, en restaurantes y otros). Trabajo crea trabajo.

  La pregunta inmediata es ¿cómo se pagarían estos empleos? La respuesta es fácil. Predominantemente (aunque no exclusivamente) con fondos públicos, incrementando los ingresos al Estado, hoy en día en España, los más bajos de la UE-15 (34%), el promedio de la UE-15 es 44% y Suecia, 54%.

  Y ahí está la raíz del problema. Algunos datos son contundentes. El fraude fiscal en España es enorme y se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables del 72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de euros. El problema no es que España no tenga fondos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y por lo tanto no puede crear empleo. Ahí está el problema silenciado en los mayores medios de difusión y persuasión del país, los mismos medios que continúan machacando con el sambenito de las rigideces del mercado laboral, culpabilizando a los sindicatos por el elevado desempleo. Y así vamos en un país que se autodefine de ser democrático.

 


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